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LA JUNTA REDUCE LA PRESIÓN FISCAL PARA 2016

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha afirmado hoy que con el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2016 la presión tributaria en la región se va a reducir en comparación con el año pasado.
 
Ruiz Molina así lo ha manifestado durante una comparecencia ante los medios de comunicación tras hacer entrega del proyecto de Ley de presupuestos para este año al presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Vaquero, para iniciar su tramitación parlamentaria.
 
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha señalado que la reducción de la presión fiscal en la región obedece a que “se reducen tasas; se reduce el impuesto sobre Sucesiones, en la medida en que un 98% de la población no va a tener que abonarlo, y se reduce el impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, en un punto en el tipo reducido y tan solo se incrementa, en relación con los bienes inmuebles, el tipo general”. Además, ha añadido, “no se toca el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) ni el impuesto sobre el Patrimonio”.
 
En consecuencia, ha resaltado Ruiz Molina, “el PP puede apoyarlos porque si uno de los requisitos era que se redujese la presión fiscal, estos presupuestos la reducen”.
 
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, que también ha hecho entrega en las Cortes del proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias con el que se complementa el presupuesto de este año, ha destacado que las cuentas regionales tienen un carácter “eminentemente social”, atienden a las personas y destinan el 70% del gasto a gasto social”.
 
Asimismo, ha continuado Ruiz Molina, es un presupuesto que incentiva el crecimiento económico y por eso incluye un importante volumen de partidas dirigidas a ayudar a la inversión empresarial “para atacar el principal problema que tiene la región, el paro”.
 
También ha incidido en que se trata de un presupuesto riguroso, porque “los ingresos están estimados en función de lo que creemos que realmente se va a poder recaudar”, y realista, en la medida en que se pretende “cumplir fielmente el objetivo de déficit que nos ha impuesto el Estado, el 0,3% del PIB, y que la deuda pública viva a 31 de diciembre de 2016 no supere el 33% del PIB”. El realismo del presupuesto, ha explicado igualmente el consejero, se pone de manifiesto porque en inversiones reales se presupuesta aquellas cuantías que se considera que administrativamente es posible gastar.
 
Apuesta por la educación pública
 
A preguntas de los medios de comunicación, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha resaltado que, tras “los destrozos” del anterior Ejecutivo autonómico, “es necesario reconstruir el Estado de bienestar y también la educación pública”.
 
Eso supone, ha explicado Ruiz Molina, que se destinen “más recursos a la reducción de ratios, a la construcción de infraestructuras y a la contratación de personal”, lo que “implica que el peso que tiene la educación concertada sobre el gasto total de educación se va a reducir, pero eso es pura matemática”.
 
“Si hasta ahora han estado conviviendo la escuela pública y la escuela concertada sin ningún tipo de problemas, lo que ocurre ahora es que dentro del gasto en educación, en la medida en que impulsemos el gasto en educación pública, el peso de la concertada se va a reducir”, ha aclarado.
 
Reforma fiscal y del sistema de financiación autonómica
 
Por otra parte, Ruiz Molina ha considerado que los acuerdos que se puedan alcanzar a nivel nacional para formar el Gobierno de la Nación son “independientes” de los que hay a nivel regional.
 
Respecto a la influencia que la formación de un nuevo Gobierno de cambio en España tendría en las cuentas de Castilla-La Mancha, el consejero de Hacienda ha indicado que “sólo pueden ser positivas”, ya que se plantearía una “reforma fiscal importante”, se negociaría un nuevo sistema de financiación autonómica que implicaría que los recursos se repartan en función de la naturaleza del gasto que asuma cada administración y se podría solicitar a las autoridades europeas “suavizar los objetivos de cumplimiento de estabilidad presupuestaria”.