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LA JUNTA SE SUBLEVA CONTRA MONTORO

Una mayoría de gobiernos autonómicos de todos los partidos políticos han participado este viernes en una rebelión contra Montoro y se niegan a hacer ajustes con una contención de gasto suficiente como para cumplir el objetivo de déficit. 

En el grupo participaron los representantes de gobiernos encabezados por el PSOE como Andalucía, Aragón, Asturias Extremadura, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana e incluso del Partido Popular, como ha dejado constancia la vicepresidenta del Gobierno de Castilla y León, Rosa Valdeón.

Así, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha trasladado hoy al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que no está dispuesto a hacer ningún tipo de recorte porque todos los ajustes necesarios para cumplir el objetivo de déficit del 0,3% del PIB para este año ya están contemplados en el proyecto de Ley de Presupuestos que se está tramitando en las Cortes regionales.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, así lo ha destacado a su llegada al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se celebra esta tarde en Madrid.

Ruiz Molina ha insistido en que Castilla-La Mancha ya ha hecho los ajustes que debía hacer y, por tanto, está “en condiciones de, sin hacer absolutamente ningún ajuste nuevo, cumplir con el objetivo de déficit fijado por el Gobierno central para el ejercicio de 2016.

El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha resaltado que el incumplimiento del objetivo de déficit del año pasado por la mayor parte de Comunidades Autónomas “fundamentalmente está motivado por una insuficiencia de recursos y por un reparto muy anómalo entre la contribución que cada administración tiene que hacer al déficit”.

Por ello, ha continuado, en la reunión de hoy se ha planteado al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal Montoro, que el reparto del déficit sea “en función no solamente de la cantidad de gasto que asume cada Administración, sino también de la calidad del gasto”, es decir, que se tenga en cuenta que los gastos que más afectan a los ciudadanos, como son los de sanidad, educación y servicios sociales, son asumidos por las Comunidades Autónomas.

Por último, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha también se ha planteado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera la necesidad de “poner en funcionamiento ya un nuevo modelo de financiación que garantice a las Comunidades Autónomas los recursos suficientes para prestar las competencias” que tienen asumidas.