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PAGE PIDE "TRANQUILIDAD" A FUNCIONARIOS Y OPOSITORES ANTE RECURSOS DE RAJOY

El presidente de Casilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado este lunes la necesidad de fijar las bases para crear la llamada Estrategia Social 2020, una iniciativa “que establezca qué infraestructuras y red social pública-concertada queremos encontrarnos en ese año”, y que viene a sumarse a la “revisión normativa potente” que el Gobierno regional va a acometer durante los dos primeros años de legislatura “para actualizar todo nuestro ordenamiento”.
 
Durante la firma de un acuerdo entre la Junta de Comunidades y la entidad social ASPRONA, un acto que ha tenido lugar en Albacete y en el que también han estado presentes la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, el director general de Acción Social y Cooperación, Ramón Lara, el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, el presidente de la Diputación albaceteña, Santiago Cabañero, y representantes de la Junta Directiva de ASPRONA, García-Page ha indicado que para alcanzar este objetivo “van a ser necesarias algunas discusiones con el Gobierno de España, con el que hay hoy o con el que tenga que venir, porque llevamos más de un año de retraso con la financiación autonómica”.
 
En este sentido, ha comprometido el esfuerzo del Ejecutivo que preside para cumplir los objetivos de déficit, “y no lo haremos por caerle bien al ministro de turno, sino porque creemos que las administraciones en general tienen que acomodar sus gastos a sus ingresos”, ha asegurado, al tiempo que ha señalado que “en vez de pedir dinero a los bolsillos de los ciudadanos, prefiero discutir con el Gobierno de España para que la distribución de la tarta nacional sea más justa”.
 
A juicio del presidente castellano-manchego “no estamos recibiendo del Gobierno de España lo que necesitamos para la sanidad pública, ni para la educación ni para los servicios sociales”, una situación a la que se ha llegado progresivamente. “Cuando empezó la descentralización de las competencias desde el Estado a las Autonomías en Servicios Sociales se empezó a hablar del Plan Concertado, pero hemos ido viendo cómo el Estado año tras año ha ido quitándose cada año un poco del porcentaje y al final la responsabilidad le corresponde a las autonomías pero sin la financiación necesaria”, ha criticado.
 
De esta manera, se ha mostrado de acuerdo con el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, quien hoy reclamaba en un artículo de opinión un nuevo modelo de financiación sanitario. “A mí me paga la gente el sueldo en esta región para que intente conseguir una mejor financiación del Estado, antes que la vía fácil de pedir más dinero a los ciudadanos de esta tierra”, ha asegurado García-Page antes exigir un trato “igualitario” en los ajustes y las exigencias, “porque luego las cuentas tienen que cuadrar en el conjunto del país”. Así, ha advertido, “no consentiremos nunca que se negocie con la fiscalidad de la región. Estaremos muy vigilantes, y si hay que hablar de financiación, hablaremos todos”.
 
Por otro lado, el jefe del Ejecutivo autonómico ha aprovechado para mandar un “mensaje de absoluta tranquilidad” a los funcionarios que prestan servicios públicos en la región. No sólo se van a defender las decisiones tomadas como el retorno a las 35 horas, “que es de justicia” -ha dicho-, sino que los miles de personas que están estudiando para obtener una plaza en la oferta pública de educación o de sanidad “deben saber que no va a haber ningún tipo de discusión y que estamos dispuestos a asegurar, incluso legalmente, el proceso de oposiciones que hemos puesto en marcha”, todo ello para contar “con la mejor plantilla de servicios públicos al servicio de los intereses de la región”, ha apostillado.