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PIDEN MÁS AGILIDAD EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ATENCIÓN A MAYORES

OCU ha publicado en la revista OCU Salud de agosto 2016 los resultados de un estudio donde se ha analizado los requisitos, tiempos y opciones que existen actualmente en 17 ciudades españolas para la asistencia a mayores, tanto en el servicio público como en entidades privadas. En dicho estudio se ha utilizado como base el ejemplo de una persona de más de 65 años que debido a un accidente se ve en la necesidad de trasladarse a casa de un familiar que vive en otra Comunidad Autónoma y recurrir temporalmente a estos servicios. En España hay más de 8.500.000 personas de más de 65 años, este es un colectivo en riesgo de sufrir enfermedades, accidentes o con dificultades para vivir de forma totalmente independiente. 
En base a la experiencia analizada el tiempo medio para conseguir la primera cita para solicitar información en los servicios sociales es de una semana. Los requisitos que se piden en todas las ciudades visitadas son: el dni, un justificante de ingresos y de empadronamiento. En algunos municipios existen requisitos adicionales de un mínimo de años empadronados (como en Pamplona dos años o en Vigo tres años, aunque en este último caso puede ser la persona que acoge al dependiente la que cumpla el requisito). Tras facilitar la documentación el siguiente paso es la valoración del grado de dependencia por los servicios médicos y sociales, según exige la Ley de Dependencia, estos trámites pueden demorar la concesión de la prestación y retrasar el servicio hasta varios meses. 

En cuanto a los servicios que cubren todos los ayuntamientos ofrecen cuidado personal y doméstico y acompañan fuera del domicilio para tareas concretas. Si la persona necesitase estimulación cognitiva o ayuda adicional como por ejemplo asistencia para administrar insulina la oferta pública es incapaz de dar una respuesta ágil.

Por el contrario si se decide o se puede optar por los servicios privados, algo a lo que en muchos casos se ven obligados los consumidores ante la urgencia de la situación o bien por la falta de oferta de servicios adicionales, éstos están mejor preparados para dar soluciones a las diversas necesidades que pueden surgir como estimulación, fisioterapia, acompañamiento en hospitales, psicología entre otros servicios.
También los tiempos de respuesta son menores, en media tardan dos días de espera para la primera cita informativa (el 40% de las citas informativas tuvieron lugar, de hecho, el mismo día en el que se solicitaron) y menos de diez días para comenzar el servicio. La parte menos ventajosa es el precio, que se mueve en una horquilla muy amplia. Por lo general, cuantas más horas se precise más se abarata el coste por hora. Las fundaciones, exentas de IVA, tienen los precios medios algo más bajos que las asociaciones o las empresas. Hay además ONG, como Cáritas u Cruz Roja, que en ciertos casos pueden enviar a casa voluntarios que no cobran, aunque no está garantizado que puedan cubrir todas las necesidades. 
En opinión de OCU, la oferta de servicios públicos cuando se precisa una atención rápida y a corto plazo a personas dependientes es escasa y los plazos para acceder a ella son excesivos.  

Una insuficiencia más en el contexto del actual Sistema de Atención de la Dependencia en España, que cuenta en este momento con más de 1.200.000 personas dependientes en algún grado, de los cuales uno de cada tres aún está esperando recibir su prestación. 

OCU ha exigido al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad un Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) más ágil o que se cree un procedimiento urgente. OCU demanda también incluir dentro de los servicios de SAD la estimulación física y mental para mejorar el bienestar de las personas mayores o dependientes.