El Sindicato de Policía Local de la región (SPC-CLM) ha indicado que el Juzgado de lo Social nº 2 de Albacete «ha confirmado la imposición por parte de la Seguridad Social del recargo del 30% sobre las prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo, de un agente de la Policía Local a cargo del Ayuntamiento de Albacete, desestimando la demanda interpuesta por el Ayuntamiento, que pretendía que se anulara la citada imposición».
Detallan que: «En primer lugar, resulta sorprendente que el alcalde de Albacete (en aquel momento Vicente Casañ) alegara la defensa de los intereses municipales en la resolución que autorizó a los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento a interponer la demanda, olvidándose de los intereses del trabajador (un agente de la Policía Local de Albacete), a pesar de que la imposición de esta sanción obedece, tal y como se ha corroborado en varios expedientes administrativos y en dos sentencias, del incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, de otro trabajador municipal, en este caso del Intendente Jefe de la Policía Local Pascual Martínez Cuesta, lo que generó un estado por el que tuvo que ser asistido por el Servicio de Urgencias Psiquiátricas del Hospital Perpetuo Socorro del CHUA, y determinó un periodo de baja por enfermedad causada por contingencia profesional, de más de un año, situación de la que finalmente no se pudo recuperar el agente».
Así, desde el sindicato consideran «vergonzoso» que el Ayuntamiento en su demanda contra el agente ya jubilado, «haya intentado recaer la responsabilidad en el propio agente, tesis que ha sido desestimada por el juzgado».
Y advierten que «no vamos a tolerar que la causa sea archivada por el Ayuntamiento sin más trámite, tal y como establece la Resolución de Alcaldía nº 6922 de fecha 14 de septiembre de 2021 (en este caso el actual alcalde Emilio Sáez), que ha pasado como Dación de Sentencia en uno de los puntos del orden del día de la Comisión de RRHH de este martes 28 de septiembre. El Ayto. finalmente no ha recurrido esta sentencia, por los sólidos argumentos ofrecidos en la sentencia donde queda acreditada la causa-efecto».
Lamentan que «se ha causado un grave daño en su salud a un agente de la Policía Local, por una responsabilidad directa y acreditada por sentencia judicial del Intendente Jefe de la Policía Local, y esta misma mañana ante la gravedad de los hechos, y la actitud del Intendente Jefe que solicita apertura de expediente contra los agentes de la plantilla de Policía Local constantemente, prácticamente por cualquier causa, en este caso se ha solicitado verbalmente en la comisión que por parte de la autoridad u órgano competente municipal, se inicie un expediente para determinar una posible responsabilidad disciplinaria de la persona o personas responsables del incumplimiento (acreditado) de las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, cuando se deriven graves riesgos o daños para el propio personal funcionario o terceras personas (también acreditado)».
«El Ayuntamiento además debería reclamar al responsable, el coste del recargo (unos 15.000€) por causar un daño a la administración Pública, en lugar de demandar al agente, como ha hecho», consideran.
Valoran como «muy grave» lo que sucedio, que además fue contra un cargo del sindicato en cuestión.
